Implicancias jurídico sociales de la fórmula constitucional de elección del Contralor General de la República en el Perú contemporáneo

Abstract

Karl Loewenstein señalaba que la historia del constitucionalismo no es sino la historia de la lucha de los hombres por controlar el poder político, aseveración que a la luz de los hechos se corrobora y es preocupación constante de quienes se dedican a estudiar cómo se legitima, se divide y se limita el poder de los gobernantes.

En esa línea, el motivo que nos impulsa a emprender el presente trabajo, es tener el convencimiento de que más allá de su reconocimiento en nuestra Carta Política, los órganos constitucionales deben tener legitimidad democrática y ésta solo se alcanzará cuando los ciudadanos tengan la certeza de que las entidades mantenidas con sus impuestos, cumplen efectivamente con las funciones que el poder constituyente les ha asignado y en el caso específico de la Contraloría General de la República, el rol de fiscalizar y exigir rendición de cuentas sobre la utilización de recursos públicos no solo a funcionarios de menor jerarquía sino a quienes ostentan el poder político de la nación en un momento determinado.

Sabido es que con el transcurrir del tiempo y el desarrollo tecnológico la Administración Pública se ha modernizado y especializado por lo que el control político que hasta hace unas décadas descansaba en el Parlamento requiere más que nunca el apoyo de un órgano ágil y técnico dotado de herramientas e incentivos adecuados para proveerle de información veraz y oportuna.