UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Fundada en 1551

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

UNIDAD DE POST GRADO

La pena de multa en el Derecho Penal Peruano.  Desarrollos normativos y jurisprudenciales

TESIS
para optar el Grado Académico de :
MAGÍSTER EN DERECHO
con mención en Ciencias Penales

AUTOR
JACQUELINE JULISSA PÉREZ CASTAÑEDA

LIMA – PERU
2005

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN              4

CAPÍTULO PRIMERO. ASPECTOS GENERALES DE LA PENA DE MULTA              9

1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PENAS PECUNIARIAS              9

CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIÓN  SUSTITUTIVA DE LA PENA DE MULTA              10

2.1. LOS INCONVENIENTES DE LAS PENAS CORTAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD              10

CAPÍTULO TERCERO . EL SISTEMA DE DÍAS-MULTA              11

3.1. ANTECEDENTES              11

CAPÍTULO CUARTO. EL SISTEMA DE DÍAS-MULTA EN EL DERECHO PENAL PERUANO              12

4.1. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA PENA DE MULTA  EN EL PERÚ              12

CAPÍTULO QUINTO. ASPECTOS METODOLÓGICOS              13

CAPÍTULO SEXTO. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS              15

6.1. LA PENA DE MULTA EN LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS EN EL PERÍODO DE 1996              15

CAPÍTULO SÉPTIMO. REFLEXIONES EN TORNO A LAS TENDENCIAS OBSERVADAS EN LA APLICACIÓN JUDICIAL INCORRECTA DE LA PENA DE MULTA              16

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES              17

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA CONSULTADA              24

I. LIBROS              24

II. ARTICULOS EN REVISTA              29

III. LEGISLACION              34

1. EXTRANJERA              34

2. NACIONAL              35

IV. PROYECTOS              35

APÉNDICE              36

INTRODUCCIÓN

La multa es la pena pecuniaria por excelencia. Ella posee antecedentes históricos que se remontan a la antigüedad, y en su proceso evolutivo ha experimentado importantes transformaciones en su configuración, como en su regulación y uso. La multa, como cualquier otra pena, está sujeta a los principios de legalidad, jurisdiccionalidad, y tiene un carácter estrictamente personal. Actualmente la política criminal le atribuye, junto a la pena privativa de libertad, la condición de pilares básicos del catálogo de sanciones. La importancia que ha adquirido se debe, de un lado, al desarrollo económico alcanzado, y de otro lado, a la denominada crisis de la prisión y al desprestigio de las penas privativas de libertad de corta duración.

Entre nosotros, la multa es una pena que aparece notoriamente regulada desde los inicios de la República y que siempre ha sido considerada en los diferente textos normativos. Evidentemente, ella ha sufrido también una evolución legislativa. La más importante, y atendiendo a su modalidad de aplicación, es la que significa la sucesión de diferentes modelos: multa tasada, multa global, multa proporcional y multa en base a sueldos mínimos vitales.

Pero, sin lugar a dudas, es el modelo de días-multa, que nuestro legislador adoptó tempranamente (Anteproyecto de Código Penal de 1916), que ha sido predominante en la aplicación nacional de la pena pecuniaria. Claro que contemporáneamente, este sistema, se constituye como el preponderante en el derecho penal comparado.

La prevalencia del sistema de días-multa se debe, fundamentalmente, a la virtud que posee de conciliar los grados de culpabilidad del agente con sus niveles de ingresos económicos, propiciando con ello una individualización equitativa y justa de la sanción.

Ahora bien, no obstante la trascendencia de la incorporación del sistema de los días-multa al derecho penal peruano, existe la percepción –no comprobada empíricamente pero generalizada- de que los desarrollos que éste ha generado en la comunidad jurídica y en la jurisprudencia no han sido suficientes ni exitosos. Algunos autores han sostenido que este hecho responde a las variables socioeconómicas que identifican el subdesarrollo de la sociedad; otros, al desinterés de los operadores jurisdiccionales por aplicar sanciones menos drásticas que las penas privativas de libertad.

Sin embargo, resulta relevante el hecho de que durante el proceso de reforma que concluyó con la promulgación del Código Penal de 1991, el legislador patrio haya ratificado su confianza en la utilidad político criminal de la multa en base al sistema escandinavo. Esta decisión nos parece acertada: principalmente por las posibilidades conmutativas que se concede a la multa frente a las penas privativas de libertad de corta duración, y por las notorias ventajas que dicho sistema presenta frente a las opciones de aplicación de la pena pecuniaria que registra el derecho extranjero.

La vigencia de la multa y los días-multa en nuestro Sistema de Control Penal así como la necesidad de alcanzar un conocimiento científico suficiente sobre aquellas, motivó nuestro interés por desarrollar una investigación que cubriera el marco normativo y la experiencia práctica de la aplicación de la multa en el Perú. Por lo demás, la escasa y limitada bibliografía que sobre el tema existe en el medio aseguraba para nuestra propuesta de estudio un significativo nivel de utilidad.

La hipótesis central que guió nuestras indagaciones consideraba que las normas del Código de 1991 que se refieren a la multa no estaban siendo debidamente empleadas por nuestro Jueces y Tribunales. De allí, pues, que nuestro trabajo ha debido involucrar espacios de investigación empírica para contrastar el grado de certeza de dicho enunciado. Y esto último se ha materializado en base a la revisión de un universo de sentencias condenatorias en las que se ha impuesto pena de multa, y a un proceso de análisis de contenido sobre una muestra de expedientes judiciales. También, y de modo complementario, se ha buscado conocer la percepción de la multa entre Jueces y Fiscales de todas las instancias, a partir de la aplicación de un cuestionario de estilo mixto.

La tesis que ahora presentamos como informe final de nuestras indagaciones se organiza en función de dos partes. La primera, se ocupa del análisis dogmático y político criminal de la pena de multa en el derecho comparado y nacional. En ella se aborda el estudio de los aspectos generales de la pena de multa (evolución, concepto, naturaleza jurídica, ventajas, desventajas y clasificaciones) y de la función sustitutiva que se le asigna en el contexto de la privación de libertad de corta duración. También se presenta de modo específico la problemática y características del sistema de días-multa; y, en un capítulo aparte, se explica el sistema de días-multa en el derecho penal peruano (evolución, procedimiento de determinación del número de días-multa, extensión del promedio del número aplicable, criterios utilizados para la definición de la cuota diaria, reglas especiales, plazo y modalidades de pago de la multa, medidas alternativas aplicables a la multa, cómputo de la detención, prescripción, rehabilitación, cobranza de las multas impuestas en el Poder Judicial, entre otros).

En la segunda parte se incluyen los aspectos metodológicos de la investigación empírica (objetivos, hipótesis, variables, población, objeto de estudio y definición de la muestra). Asimismo, se exponen las tendencias que reflejan la presencia de la multa como sanción impuesta por la judicatura en las sentencias analizadas (volumen sentencias condenatorias con pena de multa, frecuencia real de aplicación, forma de aplicación, extensión de la pena pecuniaria en función a la prevalencia de número de días-multa impuestas, extensión por clase de infracción penal, grado de acierto en la determinación de la pena, medidas alternativas aplicadas a condenas con pena de multa) y el cumplimiento de la pena de multa en los procesos fenecidos y en estado de ejecución. En función a los datos obtenidos en la aplicación de cuestionarios de encuestas suministrados a Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, se dan a conocer las tendencias psicosociales que proyecta la internalización de la pena pecuniaria entre dichos operadores jurídicos. Finalmente, se enuncia un conjunto de reflexiones en torno a las tendencias observadas en la aplicación judicial incorrecta de la pena de multa.

Cabe destacar que a lo largo de los diferentes capítulos de la tesis desarrollamos un conjunto de reflexiones sobre las insuficiencias detectadas y planteamos determinadas sugerencias, en algunas ocasiones como alcances de lege data, y en otras como propuestas específicas de lege ferenda.

Se incorpora, finalmente, una serie de conclusiones y un apéndice que reúne documentación legislativa nacional y extranjera sobre la pena de multa. Es de mencionar que en un listado bibliográfico se detallan los libros, monografías y demás textos e informes que han servido de soporte teórico a nuestro trabajo y a la redacción del presente informe.

No podemos concluir estas páginas sin ratificarnos en las múltiples ventajas que ofrece la pena pecuniaria, si es que se aplica correctamente, tanto por la flexibilidad de su aplicación, sus mínimos efectos estigmatizantes sobre el condenado y –ciertamente- por la función que cumple como sustitutivo de penas privativas de libertad de corta duración. Y con la esperanza de que una nueva generación de magistrados supere las actuales deficiencias, omisiones y distorsiones en su aplicación concreta, para beneficio de la justicia.

PRIMERA PARTE: ANÁLISIS TEÓRICO – NORMATIVO

CAPÍTULO PRIMERO. ASPECTOS GENERALES DE LA PENA DE MULTA

1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PENAS PECUNIARIAS

La afectación de intereses patrimoniales a título de pena posee antecedentes históricos muy remotos. Se afirma que en sus distintas modalidades, sea como confiscación, multa, precio de la paz, etc, su utilización punitiva tiene un origen más antiguo que el de las penas privativas de libertad, aunque posterior al uso de la pena capital y de otras sanciones aflictivas de tipo corporal.

Consultar el capitulo completo en:

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/perez_cj/pdf/perez_cj-TH.2.pdf

CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIÓN  SUSTITUTIVA DE LA PENA DE MULTA

2.1. LOS INCONVENIENTES DE LAS PENAS CORTAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Los lamentables efectos de las penas cortas de privación de libertad han sido suficientemente denunciados por la doctrina. Por ejemplo, VON LISTZ, citado por BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, opinaba que: “la pena breve de privación de libertad perjudica el orden jurídico más gravemente de lo que haría la completa impunidad del delincuente”.

Consultar el capitulo completo en:

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/perez_cj/pdf/perez_cj-TH.3.pdf

CAPÍTULO TERCERO . EL SISTEMA DE DÍAS-MULTA

3.1. ANTECEDENTES

Los problemas y desigualdades derivados de la aplicación de la multa clásica, de carácter único y cuasi tasado, comenzaron a ser objeto de revisión hacia finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. En ese proceso se fue desarrollando como alternativa idónea una multa diferente, cuyo importe monetario debería ser el resultado de dos etapas de determinación, en las cuales se procuraban combinar la responsabilidad del sentenciado con su capacidad económica.

Consultar el capitulo completo en:

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/perez_cj/pdf/perez_cj-TH.4.pdf

CAPÍTULO CUARTO. EL SISTEMA DE DÍAS-MULTA EN EL DERECHO PENAL PERUANO

4.1. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA PENA DE MULTA  EN EL PERÚ

Durante el Incanato las sanciones patrimoniales no alcanzaron un desarrollo importante. Ello se debió, sobre todo, al modelo de organización estatal existente en este período y que se caracterizó por poseer rasgos marcadamente socialistas, a la vez que una base de legitimación eminentemente teocrática. Todas las fuentes históricas destacan que los Incas dieron prioridad en su sistema punitivo a sanciones corporales severas, razón por la cual a la confiscación de la propiedad sólo se le otorgó la condición de castigo complementario.

Consultar el capitulo completo en:

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/perez_cj/pdf/perez_cj-TH.5.pdf

SEGUNDA PARTE: LA MULTA EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL

CAPÍTULO QUINTO. ASPECTOS METODOLÓGICOS

En esta segunda parte vamos a ocuparnos de los desarrollos jurisprudenciales que ha producido la pena pecuniaria en la praxis funcional de los órganos operadores del Sistema Penal de Administración de Justicia peruano.

Para este cometido hemos realizado una investigación de campo, cuyos aspectos metodológicos definimos a continuación.

Cabe señalar que en nuestro medio se han efectuado escasos estudios empíricos en este dominio. Por lo general estas investigaciones han abordado aspectos parciales de la normatividad de la pena de multa.

Así por ejemplo, en el 2000 la abogada VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ preparó la tesis titulada “La Pena de Multa en el Código Penal Peruano y su Aplicación en el Distrito Judicial de Lima”. Este trabajo sólo se ocupó de la problemática de los criterios de determinación que utilizan los jueces para fijar el monto dinerario de los días-multa. Su cobertura comprendió 25 Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima, llegándose a analizar las sentencias condenatorias que impusieron penas de multa, con carácter de sanción principal, alternativa o conjunta, recaídas en 1993 en un total de 288 expedientes de trámite sumario.

Consultar el capitulo completo en:

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/perez_cj/pdf/perez_cj-TH.6.pdf

CAPÍTULO SEXTO. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS

6.1. LA PENA DE MULTA EN LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS EN EL PERÍODO DE 1996

La investigación realizada en base al estudio analítico de sentencias condenatorias, nos ha permitido identificar las siguientes tendencias que reflejan la presencia de la pena de multa como sanción.

Consultar el capitulo completo en:

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/perez_cj/pdf/perez_cj-TH.7.pdf

CAPÍTULO SÉPTIMO. REFLEXIONES EN TORNO A LAS TENDENCIAS OBSERVADAS EN LA APLICACIÓN JUDICIAL INCORRECTA DE LA PENA DE MULTA

Luego de verificar el proceder judicial en torno a la pena de multa, hemos podido reconocer algunas tendencias que denotan graves omisiones y distorsiones en la aplicación concreta de la pena pecuniaria. Ahora bien, paralelamente hemos observado otras prácticas erróneas al revisar de modo aleatorio algunas sentencias-tipo emitidas por diferentes instancias judiciales y que no integraron la muestra que analizamos en el capítulo anterior.

Consultar el capitulo completo en:

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/perez_cj/pdf/perez_cj-TH.8.pdf

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de un exhaustivo análisis de la realidad normativa y jurisprudencial de la pena de multa en el Perú, podemos formular las siguientes conclusiones y recomendaciones:

PRIMERA: La multa es una pena de carácter patrimonial y pecuniario. Ella consiste en la obligación que adquiere el condenado, a título de autor o partícipe de una infracción penal, de pagar una cantidad de dinero al Estado.

Como toda sanción punitiva, su configuración y determinación están sujetas a las exigencias derivantes de los principios de legalidad, proporcionalidad y jurisdiccionalidad, y sus efectos sólo deben alcanzar al condenado.

SEGUNDA: La pena de multa goza de múltiples ventajas. Entre otras, la flexibilidad de su aplicación, sus escasos efectos estigmatizantes, su empleo sustitutivo ante penas privativas de libertad de corta duración, los mínimos gastos que demanda su ejecución.

TERCERA: En su desarrollo, la pena pecuniaria ha experimentado diferentes modalidades de organización y ejecución. Todas ellas han procurado superar las deficiencias y limitaciones de los esquemas precedentes. En ese sentido, se han sucedido formas de multa tasada, de multa global, de multa proporcional y de multa en base a unidades abstractas de referencia. Sin embargo, por sus peculiares criterios de determinación, el modelo que se ha impuesto con considerables ventajas frente a los demás es el de los días-multa. Actualmente, este tipo de multa es el predominante en el derecho penal comparado vigente y el preferido de los proyectos de reforma.

CUARTA: Los días-multa constituyen un modelo de aplicación de la pena pecuniaria cuya característica esencial radica en que la determinación cuantitativa y dineraria de la sanción se obtiene a partir de dos niveles de valoración independientes entre sí, pero secuenciales. Por un lado, la gravedad del hecho punible y la culpabilidad del agente. Y por otro, las condiciones económicas del condenado. La principal virtud del sistema escandinavo se relaciona con su facilidad para adecuarse a la culpabilidad y a la capacidad económica del condenado, ya que no sólo alcanza un equilibrio en su cuantificación, similar al de las penas privativas de libertad, sino que también permite en su dimensión dineraria una equitativa distribución de las cargas de sacrificio y sufrimiento entre condenados de diferente nivel patrimonial.

QUINTA: El modelo escandinavo se desarrolla a través de tres fases de determinación, los que el Juzgador debe efectuar para concluir con la concreción de la sanción pecuniaria aplicable: en la primera, el Juzgador realiza la determinación del número de días-multa aplicables al condenado; en la segunda, el Juzgador persigue la determinación de la cuota diaria dineraria de la multa; y, en la tercera, el Juzgador practica la determinación del monto total dinerario de la multa.

SEXTA: Las observaciones más sólidas que se formulan al modelo de los días-multa están vinculadas con las dificultades que debe afrontar su individualización económica cuando los condenados carecen de ingresos fijos o son insolventes. Ante tales críticas, se han elaborado diversas fórmulas de superación, las mismas que han obtenido respaldo legislativo y aplicación jurisprudencial. Ese es el caso del uso de normas subsidiarias para la determinación de la renta y la utilización de penas sustitutivas, como la prestación de trabajo en beneficio de la comunidad.

SÉPTIMA: Desde una perspectiva de técnica legislativa, el tratamiento del sistema de los días-multa en el Código Penal de 1991 es aceptable. La multa aparece como pena principal – diferenciándose así de su antecesor que la consideraba además como pena accesoria-, su radio de acción como pena conminada alcanza cerca de un 30% de las infracciones penales tipificadas –comparativamente mayor a lo previsto en el Código Maúrtua-, la extensión promedio del número de días-multa aplicables es amplia y razonable –contrariamente a los reducidos límites del Código de 1924-, de forma correcta recurre al criterio de la renta neta o líquida para la definición de la cuota diaria dineraria –desvinculándose de la renta total o bruta que propugnaba el anterior Código-, fija topes porcentuales prudentes para la definición de la cuota diaria tratándose de condenados con trabajo dependiente, establece un plazo fijo para el cumplimiento del pago de la multa y restringe la conversión de la multa en pena privativa de libertad en los casos en que el condenado solvente no la paga o frustra su cumplimiento –descartándola en los supuestos del condenado que carece de recursos económicos-.

El modelo es muy superior y más equitativo que en el Código del 24, pues regula el grado de afectación que la multa genera en la economía del condenado, sin propiciarle situaciones de angustia que puedan transformarse en factores criminógenos o de elusión del cumplimiento de la pena; y porque evita cualquier efecto transpersonal de la pena, al dejar fuera de la influencia de la multa los ingresos requeridos para la manutención de los familiares dependientes del condenado.

OCTAVA: No obstante, la propuesta del legislador se queda corta en temas tales como la aplicación de la multa como sanción única en delitos o faltas –sólo en trece ocasiones-; y en su articulado se detectan importantes vacíos e imprecisiones, como el no haberse contemplado normas específicas que permitan la individualización del número de días-multa que correspondería imponer al autor o partícipe del hecho punible, la falta de una regla especial encaminada a fijar el importe de la cuota diaria para casos de condenados carentes de renta personal, la carencia de regulación  expresa que identifique el momento en que debe apreciarse la renta del condenado para fijar el importe de la cuota diaria dineraria, la ausencia de un límite de cuotas para los casos de pago fraccionado, la no previsión de la posibilidad de modificación de la cuota diaria fijada en la sentencia, y la falta de “cláusulas de retorno” que orienten sobre el proceder ante el incumplimiento de la pena de prestación de servicios a la comunidad cuando ésta actúa como sustitutiva de la multa, por insolvencia posterior a la sentencia del condenado.

NOVENA: Pese a su antigüedad normativa (Anteproyecto de 1916 y Código Penal de 1924), entre nosotros la pena de multa, y por cierto el predominante sistema escandinavo, no ha alcanzado aún una adecuada consolidación jurisprudencial. Así al momento en que el órgano jurisdiccional utiliza sus reglas de determinación y cumplimiento, puede apreciarse múltiples distorsiones y omisiones. Todo parece indicar que tales errores y defectos responden a factores psico-sociales de desconocimiento o de limitada información, entre los operadores del Sistema Penal, sobre las características de la pena pecuniaria en el Código Penal vigente.

DÉCIMA: El Anteproyecto de Código Penal de 2004 no desarrolla un cambio en el esquema de regulación de la multa. En efecto se mantiene el sistema de días-multa.

DÉCIMO PRIMERA: El Anteproyecto de Código Penal de 2004 sólo plantea cambios puntuales en lo que atañe a la ejecución de la pena pecuniaria. En ese sentido, se adopta un límite de 24 cuotas para el caso de la multa fraccionada y se regula una “cuota porcentual” para el condenado insolvente. Esta última propuesta carecerá de eficacia práctica porque no resuelve el problema de la falta de renta en el insolvente. 

DÉCIMO SEGUNDA: El Anteproyecto de Código Penal de 2004 elimina la posibilidad de la conversión de la multa en prisión. Esta propuesta legislativa sigue la tendencia desarrollada por la jurisprudencia constitucional italiana, pero contradice la tradición normativa nacional y la opción predominante en el derecho penal contemporáneo.

DÉCIMO TERCERA:  El Código Procesal de 2004 no regula exigencias procesales de fundamentación especial para justificar el cuantum concreto de la multa impuesta por la autoridad judicial.

DÉCIMO CUARTA: El Código Procesal de 2004 ha diseñado un procedimiento adecuado para facilitar la conversión de la multa no pagada o la reconversión de la multa sustituto por revocación a través de los “incidentes de modificación de la sentencia”.

DÉCIMO QUINTA: En la jurisprudencia nacional sobre la pena de multa se observan, entre otras, las siguientes deficiencias: se omite la aplicación de la pena pecuniaria cuando ésta se halla conminada como sanción conjunta a una pena privativa de libertad, se imponen penas de multa en casos no autorizados por la ley, se atribuye con relativa frecuencia un carácter accesorio a la pena de multa, se realiza una determinación parcial de la multa concreta, se aprecia una escasa información acerca del modo, oportunidad legal y mecanismos para el cumplimiento efectivo de la pena de multa impuesta, existe una grave confusión acerca de las medidas alternativas que son aplicables a la pena de multa, y se omite la motivación de la sentencia que impone la pena pecuniaria.

DÉCIMO SEXTA: En el Código Penal, vía modificación legislativa, debe definirse el importe de la cuota diaria para casos de condenados carentes de una renta personal.

DÉCIMO SÉPTIMA: En el Código Penal, vía modificación legislativa, debe identificarse el momento en que debe apreciarse la renta del condenado para fijar el importe de la cuota diaria. La oportunidad más adecuada es el “pronunciamiento de la sentencia”. No nos parece acertado que se tome en cuenta la situación económica existente al momento de la comisión del delito, porque esta opción podría motivar que el importe potencial de la muta se vea afectada por la duración prolongada del proceso, sobre todo si éste tiene lugar en coyunturas inflacionarias.

DÉCIMO OCTAVA: En el Código Penal, vía modificación legislativa, debe precisarse que el plazo fijo y perentorio de 10 días para el cumplimiento del pago de la multa empezará a contabilizarse desde que la sentencia adquiera firmeza y no desde que fue “pronunciada”. Ello a fin de evitar los transtornos administrativos que hoy se producen en los casos de revocación de la condena impuesta, en que hay que devolver a la persona el importe de la multa y los intereses devengados, con el consiguiente perjuicio del Estado.

DÉCIMO NOVENA: En el Código Penal, vía modificación legislativa, debe determinarse los límites de cumplimiento y de fraccionamiento del importe correspondiente a la multa. Así debe definirse un número máximo de cuotas mensuales y la actualización del monto de cada cuota mensual conforme  el factor de corrección monetaria.

También debe contemplarse la eventual revocatoria del pago fraccionado de la multa, en atención a su incumplimiento como a una eventual mejora en los ingresos que podrían producirse en la economía del condenado con posterioridad a la autorización del pago fraccionado.

VIGÉSIMA: En el Código Penal, vía modificación legislativa, debe establecerse un destinatario específico de la multa y no, como ahora, que genéricamente se menciona al Estado. Ello evitaría discusiones y dudas en torno al titular receptor de las multas. Debería considerarse, con arreglo a criterios de prioridad y equidad, a las distintas instituciones comprometidas con la prevención y sanción de los delitos.

VIGÉSIMO PRIMERA: En el Código Penal, vía modificación legislativa, debe precisarse una norma específica que permita la individualización del número de días-multa que correspondería imponer al autor o partícipe del hecho punible.

VIGÉSIMO SEGUNDA: En el Código Penal, vía modificación legislativa, debe establecerse como medida alternativa aplicable  a la pena privativa de libertad sustitutiva (por no pago de la multa originariamente impuesta) la reconversión de dicha prisión subsidiaria en penas de prestación de servicios a la comunidad.

VIGÉSIMO TERCERA: En el Código Penal, vía modificación legislativa, debe contemplarse el caso de los condenados en condición de insolvencia previa a la sentencia, a quienes se aplicará medidas alternativas como la reserva del fallo condenatorio o la exención de pena, cuando el delito cometido tenga como única sanción conminada a la multa.

VIGÉSIMO CUARTA: Evidentemente, el desarrollo futuro de la pena de multa en el Perú no sólo depende de su configuración técnico-normativa y de la introducción de las necesarias modificaciones legislativas. Tal desarrollo estará siempre condicionado por las influencias que el entorno socioeconómico vaya proyectando en la comunidad nacional, por la dimensión político criminal que a esta sanción decida otorgarle el legislador patrio y por la aplicación jurisprudencial de los magistrados. En un país con altos registros de desempleo y subempleo el recurso a penas pecuniarias puede resultar contradictorio e incluso temerario, si sólo se aprecia su proyección económica. Sin embargo, en nuestra legislación no debe dejar de lado ese tipo de sanciones, principalmente por las innegables ventajas que ofrecen frente a los efectos estigmatizantes y desocializadores que produce la prisión. El tal sentido, resulta, pues, necesario promover la difusión integral y generalizada de las ventajas que aporta la multa como opción alternativa a los efectos secundarios que produce la cárcel, sobre todo, entre los más pobres.

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Código Procesal Penal de 2004.

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IV. PROYECTOS

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La Reforma del Código Penal. Proyecto de 1916.  Presentado a la Cámara de Diputados. Tomo I. San Pedro. Lima, 1918.

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Proyecto de Código Penal de setiembre de 1984.

Proyecto de Código Penal de octubre de 1984.

Proyecto de Código Penal de agosto de 1985.

Proyecto de Código Penal  de abril de 1986.

Proyecto de Código Penal de setiembre de 1989.

Proyecto de Código Penal de julio de 1990.

Proyecto de Código Penal de enero de 1991.

Anteproyecto de Código Penal de abril de 2004. Comisión Especial Revisora del Código Penal. Ley No. 27837. 

APÉNDICE

Consultar los anexos completos en:

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/perez_cj/pdf/perez_cj-TH.back.2.pdf